Ningún ser humano es ilegal

Parece ser que un motín de 39 personas en la azotea del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Aluche, en Madrid la pasada semana, no es suficiente para abrir los ojos a ese sector de la sociedad que como Cosidó, jefe de la Policía Nacional, niega la precaria situación que se dan en estos centros, sosteniendo  que la protesta de los internos no tenían “reivindicaciones específicas”. Se ve que la palabra libertad escrita en la pancarta de los protestantes no reivindica lo suficiente.

Los CIEs son establecimientos de carácter no penitenciario, creados para el ingreso cautelar (un máximo de sesenta días) de los extranjeros que se encuentran en el Estado español de forma irregular, pendientes de ser deportados de forma legal. En la actualidad existen 7 centros en funcionamiento repartidos por el territorio nacional, pero hasta hace poco hablábamos de 16.

Ayuntamientos como el de Barcelona o el de Valencia solicitaron el cierre de estos centros el pasado mes de julio. La alcaldesa Ada Colau llegó a cerrar el CIE de Zona Franca debido a la indisposición de la licencia municipal en relación con los usos correctos del centro y el incumplimiento con la normativa de prevención de incendios, sin embargo el Gobierno reabrió el centro al poco tiempo del cierre.

Se supone que se creó la figura del CIE para deportar de forma legal a las personas extranjeras que permanecían de manera irregular en el país, pero estos centros se han convertido en un agujero negro donde se violan derechos humanos, como así ha denunciado El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El reglamento especifica que los inmigrantes internos sólo tienen restringido su derecho ambulatorio, no obstante en estos centros se vulneran derechos fundamentales como el de la intimidad o la asistencia jurídica efectiva.

El mal estado de las instalaciones y la falta de atención sanitaria caracterizan a estos establecimientos. Todo ello se refleja en las polémicas muertes de internos como Idrissa Diallo, guineano de 21 años, en el centro de Zona Franca, o Samba Martine, congoleña de 34 años, en el CIE de Aluche; ambos solicitaron asistencia médica numerosas veces y se les fue rechazada, falleciendo al poco tiempo después.

Según el Informe de la ONG Pueblos Unidos sobre la situación de los CIEs en España, determinan que los centros actúan básicamente como cárceles pese a su carácter no penitenciario, donde las autoridades tienden a tratar como duros delincuentes y a criminalizar a todas las personas retenidas en el centro, personas que la mayoría de ellas están encerradas por faltas administrativas.

En estos centros también se encuentran mujeres que sufren abusos, discriminaciones, víctimas de trata sin asistencia psicológica o  madres que a su posible expulsión, sus hijos se quedarían en España. Deberíamos plantearnos la idea de si queremos un Estado y una Unión Europea que promueva un racismo social e institucional, encarcelando la dignidad de aquellas personas tratadas como simples números y llevándolas hasta un extremo deshumanizador.

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