Sobre la separación de poderes

Si hablamos sobre la separación de poderes probablemente nos venga a la cabeza El Espíritu de las Leyes de Montesquieu. En esta obra de 1747 el pensador francés, remontándose a precedentes griegos y romanos, defendía que los poderes del Estado debían dividirse en tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este sistema de balances y contrapesos tenía por objetivo evitar los abusos de autoridad y con el tiempo pasó a constituirse en uno de los pilares de la democracia liberal. O esa es la teoría.

La intención de evitar que se produzcan excesivas concentraciones de poder en unas solas manos parece algo indiscutiblemente positivo. Pero también es inevitable la inclinación que habitualmente va a tener el legislador de aumentar su capacidad de acción y que la diversidad de autoridades generará conflictos entre ellas. Fácil es encontrar ejemplos de estos conflictos en la historia reciente.

Durante los gobiernos de Felipe González se hizo famosa la frase “hemos enterrado a Montesquieu”, que se atribuía al entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. El motivo fue la reforma de la Ley del Poder Judicial de 1985. El PSOE, que en aquella época gozaba de una cómoda mayoría absoluta, llevaba tiempo acusando al Consejo General del Poder Judicial de corporativismo. También tenía una idea sobre qué hacer al respecto: que sus vocales pasaran a ser elegidos por las Cortes, que son la representación de la soberanía popular. ¿Democrático, no?

El problema es que las Cortes están compuestas por partidos y esta decisión abrió la puerta a que estos se decantarán por sus afines y progresivamente la Justicia se politizara y perdiera su independencia. Con esto tampoco quiero decir que las acusaciones de corporativismo fueran necesariamente falsas, siendo la judicatura un gremio tradicionalmente conservador. He aquí un dilema, que como la mayoría, no es de blancos o negros.

Fuera de España, el Brexit ha vuelto a poner esta cuestión de actualidad. La justicia británica dictaminó el pasado 3 de noviembre que el gobierno del país debe recibir la autorización previa del Parlamento para poder activar oficialmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El problema surge de la paradoja de que, mientras que en el referéndum, que no era vinculante; ganó la opción de abandonar la UE, los parlamentarios son mayoritariamente partidarios de permanecer en el proyecto europeo. Esto ha suscitado una virulenta respuesta por parte de los tabloides británicos que fueron uno de los principales partidarios del Brexit. El caso más extremo fue el del Daily Mail que llevó a portada la foto de los tres jueces que dictaron la sentencia seguidos del titular “enemigos del pueblo”. Si me permiten un consejo personal desconfíen siempre de alguien que se arroga la capacidad de declarar enemigos del pueblo.

Según el tabloide el “delito” de estos jueces había sido “desafiar” a los 17’4 millones de ciudadanos británicos que habían votado por la salida de la UE. Otra interpretación sería que estos señores se habían limitado a interpretar la ley vigente en el país, lo cual es el trabajo para el que han sido elegidos. Y ni siquiera habían tomado una decisión sobre el tema, sino que es el Parlamento el que debe hacerlo como trámite imprescindible.

Este ejemplo puede desagradar a unos por el cariz conservador y reaccionario del Brexit ya que la xenofobia y el miedo a la inmigración fueron sus principales motores. Pero volviendo a España se pueden encontrar otros casos de este conflicto que tienen una imagen más progresista.

El Partido Popular usó en 2006 su derecho a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que éste se pronunciara sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Éste es el papel que la propia Constitución de 1978 da a este tribunal en el artículo 161.

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Cuando se conoció la sentencia en 2010, ésta creó un fuerte malestar en Cataluña. La mayoría de partidos políticos apoyaban el texto del estatuto y criticaron al tribunal por contradecir una ley que había sido aprobada en referéndum y por el parlamento regional. Además, también fue criticado el Tribunal Constitucional en sí de estar politizado por ser elegidos los vocales del CGPJ por los partidos. Pero 30 años antes, este sistema de selección fue presentado como más democrático, ¿recuerdan?

Esta sentencia, unida a otros factores como la crisis económica y la necesidad de la desaparecida CIU de crear una cortina de humo, devinieron con el paso del tiempo en el actual proceso independentista catalán. La principal reivindicación es el llamado “derecho a decidir”, que se concreta en la reclamación de un referéndum que pregunte a la ciudadanía sobre la independencia de la comunidad autónoma. Aquí surge otro problema: esta consulta en el marco legal vigente exige el permiso del Gobierno de España y mientras esté en manos del PP esto no va a suceder. Pero ante la negativa, los partidos nacionalistas catalanes argumentan que tienen un “mandato popular” para llevar a cabo la consulta.

Estos son un par de ejemplos que contraponen la ley a la democracia. En estos casos los encargados de hacer cumplir la primera son acusados de atacar la segunda. Este discurso se olvida de otro elemento que también es considerado un pilar de la democracia, lo que en inglés se conoce como “rule of law”. Este defiende el cumplimiento de la ley contra cualquier tipo de arbitrariedad. En estos casos hay que recordar que las leyes en que se basan los jueces para dictar sentencia también fueron aprobadas en su día por los representantes de una mayoría popular.

Este debate no es nuevo. Los clásicos ya usaban la expresión “dura lex, sed lex”, que en latín quiere decir “ley dura, pero ley” que hace referencia a la peligrosa senda que se puede abrir si ciudadanos o partidos comienzan a incumplir las leyes que les parezcan perjudiciales o con las que no estén de acuerdo. El motivo es la subjetividad de este juicio y el subsiguiente caos. Por esto la expresión conminaba a acatarlas bajo cualquier circunstancia.

Pero, como siempre, hay una excepción a la regla: la objeción de conciencia a leyes que son injustas e infringen los derechos humanos. En el pasado ha habido casos como la esclavitud o que a militares que participaron en genocidios no les eximiera el cumplir órdenes. Pero sigue siendo un caso muy delicado en el que hay que distinguir bien unas de otras. En la actualidad hay médicos que alegan motivos de conciencia para negarse a practicar la interrupción del embarazo y lo mismo sucede con sacerdotes a la hora de casar a parejas del mismo sexo.

Quizá lo mejor que se puede hacer es no caer en el drama y la histeria, buscar soluciones políticas a problemas políticos y dejar la ley a un lado, separada, como pidió Montesquieu.

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