Con el debido respeto

El pasado 10 de enero la tuitera @kira_95 anunció en su cuenta de la red social su sorpresa ante el hecho de que la fiscalía pedía para ella dos años y seis meses de cárcel por unos chistes. Las bromas a las que hacía referencia eran antiguos tuits que había publicado en su cuenta y el problema radicaba en que eran sobre Carrero Blanco.

La principal trascendencia histórica de Carrero Blanco fue que alcanzó la presidencia del Gobierno en 1973 bajo la dictadura de Franco. Aunque su carrera política comenzó mucho antes gracias a los servicios que prestó al bando sublevado durante la Guerra Civil. Pero hay un último, e importante, detalle en su biografía. Aparte de militar sublevado y presidente del Gobierno, Carrero Blanco fue asesinado por ETA.

La forma en que la banda terrorista mató al militar golpista fue un aparatoso atentado en el que, mediante una gran cantidad de explosivos, el vehículo oficial en el que viajaba salió despedido por los aires hasta aterrizar en el patio interior de un bloque de pisos. Este vuelo hizo que siempre hayan circulado bromas sobre el fin del político. Por ejemplo, desde los años 90 existe un grupo punk llamado KBKS, cuyas iniciales siempre se ha sabido que corresponden a Karrero Blanco Kampeón de Salto. O como el tuitero @respetocanas ha recordado estos días, en el libro del dúo humorístico Tip y Coll “Tipycollorgía” de 1984 estos incluían un chiste que decía “Carrero Blanco. De todos mis ascensos el último fue el más rápido”.

El problema es que al haber sido asesinado por ETA, hacer chistes sobre su muerte puede suponer, en primer lugar, enaltecimiento del terrorismo, y además, humillación de una víctima del terrorismo. Estos dos conceptos siempre han sido vistos por parte del mundo legal con recelo por su vaguedad y por la limitación al derecho fundamental de la libertad de expresión que suponen.

A pesar de lo anterior, su inclusión en el código penal ha sido justificada para casos en que se hacía escarnio público del sufrimiento de las víctimas del terrorismo. El caso más famoso fue el de Irene Villa que sufrió la explosión de un coche bomba en 1991. A causa de este suceso, Villa perdió ambas piernas, hecho que fue origen de multitud de chistes de mal gusto. Estos eran de dominio público, incluso entre personas que no simpatizaron nunca con la actividad de ETA. Lo que ha cambiado es que entonces no existía Twitter y los chistes se transmitían por el boca a boca.

Pero respecto a los objetivos de las bromas, la enorme diferencia es que Irene Villa era una niña de 13 años cuyo “delito” fue ser hija de una funcionaria de policía y Carrero Blanco fue un militar que se unió a un golpe de estado contra un gobierno legítimo que dio inicio a una guerra civil y una dictadura de casi cuatro décadas que hizo uso del terror como arma política a una escala incomparablemente mayor a la que jamás alcanzó la banda terrorista ETA. Ante esta comparación es comprensible que el debido respeto a las víctimas del terrorismo se torne mucho más dudoso.

Además, se ha dado la paradoja los últimos años de que las condenas por enaltecimiento del terrorismo se han disparado desde que ETA abandonó las armas en 2011, en lugar de caer, como habría sido lo previsible. Algunos casos han sido muy mediáticos, como los del cantante de Def Con Dos, César Strawberry; el del humorista Facu Díaz o el de la compañía Títeres desde Abajo, que precisamente se burlaba en una obra de la obsesión del poder con esta cuestión. En los tres casos fueron absueltos.

Un último problema que aparece cuando se trata de la persecución de este delito es la asimetría con la que parece ser juzgado y perseguido por las autoridades. Mientras que en sectores de izquierdas son numerosos los que ven el banquillo, en el bando contrario las fuerzas de seguridad y la judicatura parecen sufrir una gran ceguera. Más allá de los exabruptos de los numerosos, pero poco influyentes, “trols” de extremaderecha que pueblan las redes sociales, ha habido personajes mucho más notorios que no han sufrido ninguna reacción por sus declaraciones.

Por poner un par de ejemplos, el locutor Federico Jiménez Losantos dijo textualmente en su programa de radio que cuando veo a los de Podemos, “si llevo la lupara (escopeta recortada) disparo“. O también está el caso de Rafael Hernando, caso aún más grave por ser portavoz del PP. Éste afirmó sobre las víctimas del franquismo que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones”.

Todo esto, debería llevar a plantearnos la vigencia y criterios que rigen este tipo de delitos, o al menos a que las autoridades expliquen claramente bajo qué reglas lo persiguen. Si no, parecerá que, parafraseando a Orwell, todas las víctimas son iguales. Pero unas son más iguales que otras.

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