España y el conflicto del Sáhara

El conflicto del Sáhara supone uno de los elementos más criticados de la política exterior reciente de los gobiernos españoles. Desde que en noviembre de 1975 (con el régimen de Franco moribundo) decidiera entregar el control del territorio del Sáhara Occidental a Mauritania (que renunció a éste en 1978) y Marruecos, no se ha conseguido sacar adelante una solución.

Previamente a profundizar en la situación, cabe recordar que España incumplió de esta forma el derecho internacional: Las potencias colonizadoras tienen una serie de responsabilidades con las colonias que se encuentran bajo su administración. La más importante, la que dicta que hasta que no se logra la descolonización total del territorio, esas mismas responsabilidades no desaparecen. Este hecho no es solo una apreciación, sino algo requerido en el informe anual de las Naciones Unidas sobre los pueblos pendientes de descolonizar (siendo el Sáhara Occidental el único que queda en África).

Sí podríamos recordar que, posteriormente a la caída del régimen franquista, y habiendo sido entregado ya el territorio a ambos países, España vivía un clima de excepcionalidad política que difícilmente le permitía trabajar en el conflicto. No obstante, ocupó un respetable espacio en la agenda de política exterior tanto con Arias Navarro como con Adolfo Suárez (en los gobiernos preconstitucional, constituyente y constitucional).

Pero desde la llegada al gobierno de Felipe González en 1982, España se ha desentendido del asunto, pese a que distintos representantes saharauis han instado al Estado Español a anular los Acuerdos de Madrid de 1975 y pese a que las Naciones Unidas siguen considerándole como la potencia administradora del conflicto. Esto último significa que todavía tiene la capacidad para tomar la iniciativa. Sin embargo, no solo la implicación en la cuestión política lleva décadas siendo casi inexistente, sino que también lo es la cuestión humanitaria. Con cerca de 150.000 saharahuis viviendo en territorio marroquí, y un alto número de activistas pro-saharahuis habiendo sido detenidos y torturados por las fuerzas marroquíes, el gobierno español no toma cartas en el asunto.

De hecho, tanto él como la jefatura del Estado vienen desarrollando una fructífera relación política y económica con el reino de Marruecos, impulsando una serie de tratos privilegiados por su parte y por parte de la Unión Europea. Todo esto pese a que determinadas instancias internacionales en defensa de los DDHH hayan denunciado bombardeos, detenciones, desapariciones y torturas por parte de las fuerzas marroquíes. Como consecuencia de ser considerada la administradora “natural” del territorio, estas denuncias han ido destinadas a los gobiernos españoles, como teóricos garantes de una serie de derechos en el territorio, habiendo recibido poco o nada por su parte.

Para comprender la gravedad de la no intervención de España y, sobretodo, de las buenas relaciones y el apoyo que ofrece a Marruecos, tenemos que tener en cuenta que ningún país del mundo reconoce al Sáhara como parte de Marruecos. De hecho, así como las organizaciones internacionales, todos los países están a favor del referéndum como forma de solución del conflicto, aunque para entender la dificultad de éste tenemos que remontarnos unos años atrás. Concretamente a 1988, año en el que tanto Marruecos como el Frente Polisario lo aceptan como vía para solventar la situación, con las condiciones del mismo todavía a debate.

29 años después, todavía no ha sido celebrado. De facto, hasta el año 2000, el principal problema para llevarse a cabo era la cuestión del censo, existiendo dos concepciones diferentes en ambas partes. Tras una serie de negociaciones, reuniones y diferentes planteamientos puestos encima de la mesa, la ONU establece un censo definitivo. A priori todo estaba de cara para desatascar la cuestión, pero Marruecos entonces da un paso atrás y vuelve a la posición de rechazo a la consulta previa a 1988.

Con 150.000 saharauis en territorio marroquí, 30.000 en la zona saharahui controlada por el Polisario, 120.000 el los campos de refugiados del desierto de Argelia y uno de los mayores campos de minas del mundo en la línea entre el Sáhara polisario y el marroquí, es evidente que la solución urge (como lleva haciéndolo décadas). Todas las instancias reconocen que la salida pasa por el referéndum y por obligar a Marruecos a respetar los derechos humanos con los saharauis que se encuentran en el territorio bajo su poder. Lo llamativo es que España no termine de posicionarse en favor de este planteamiento, teniendo de nuevo en cuenta que las organizaciones internacionales le miran como el país que tiene en sus manos los movimientos que hagan que esto termine.

La responsabilidad de nuestro Estado es muy profunda, así como son múltiples las herramientas con las que cuenta para conseguir que el conflicto avance hacia su final, pero no se atisba un cambio de postura por parte del legislativo.

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